Los males y errores de la Prensa en España

La FAPE hace una radiografía de los males de la Prensa en España. Es demoledora. Merece la pena que la leais y dejar vuestras experiencias si os apetece. Seguro, seguro, seguro, que hay más. Quizá falta añadir que gran parte, una gran parte de la culpa, es nuestra y soplo nuestra.



La FAPE defiende la concesión limitada de ayudas a los medios de comunicación, pero no puede secundar la financiación pública de los medios privados de forma arbitraria, partidistas e interesa, como se constata en la actualidad, de acuerdo a prácticas perniciosas extendidas en todas las administraciones y empresas públicas, ya sean estatales, regionales o locales:
-Ayudas a cambio de publirreportajes encubiertos: las instituciones firman convenios por los cuales otorgan una cantidad de dinero a cambio de informaciones favorables, lo que constituye propaganda política disfrazada de información, conculcando todos los principios de deontología profesional y de transparencia que debe imperar en los procedimientos de contratación de las administraciones públicas.

-Inversiones publicitarias públicas sin criterios objetivos ni seguimiento en su resultado (Campañas de inversiones publicitarias para dar a conocer realizaciones en infraestructuras, proyectos educativos, medioambientales, sanitarios, fomento de lenguas vernáculas, etc..), sin valorar la tirada, penetración, difusión, distribución territorial o situación empresarial de los medios en los que se insertan estas campañas, contratadas sin atenerse a la normativa legal vigente.

-Apoyo económico a nuevas cabeceras ligadas empresarialmente a las tradicionales, casi siempre bajo la modalidad de gratuitos, con escasa incidencia en el mercado y que nacen exclusivamente para recibir subvenciones, ayudas e inversiones publicitarias.

-Subvenciones directas, sin convocatorias públicas, a fundaciones o entidades ligadas a medios de comunicación para la celebración de todo tipo de actividades no directamente relacionadas con la comunicación y cuyo fin es financiar indirectamente a los medios de comunicación, a cambio de un trato de favor.

-Compra masiva de tiradas con destino incierto, que, en la mayoría de los casos, no tienen destinatario.

-Inexistencia de una Ley que regule, claramente, el sistema de inserciones publicitarias con arreglo a criterios objetivos y las ayudas a los medios de comunicación mediante convocatorias públicas.

-Constatación fehaciente de la existencia de criterios políticos y partidistas en la contratación de publicidad y concesión de ayudas a los medios de comunicación por parte de las administraciones y empresas públicas.

-Falta de un compromiso firme y profesional de los propios medios de comunicación en la aceptación de publicidad, publirreportajes y ayudas públicas de todo tipo sin someterla a criterios marcados en los códigos éticos de la profesión periodística.

Propuestas para un Plan de Ayudas a los medios de comunicación

1º.- Cualquier Plan de Ayudas debe incorporar como compromiso esencial la defensa del trabajo, de empleos con calidad y dignidad profesional. Plan de ayudas y rescisiones de contratos de trabajo no pueden ser compatibles. Las ayudas deben tener como objetivo y condición necesaria el mantenimiento del nivel de empleo y de la calidad profesional.

2º.- Establecer un Plan de Ayudas públicas en forma de créditos, de aplazamiento de cuotas sociales, de apoyo a la difusión y a la formación para reestructurar el sector, con arreglo a criterios de transparencia, publicidad y libre concurrencia que debe exigirse a las administraciones publicas y con compromisos claros de todos los implicados, incluidos los editores, teniendo como contrapartida el compromiso de editores y periodistas con la autorregulación profesional, la defensa de la independencia, la autonomía y profesionalidad de los medios en base a una deontología digna, decente, que recupere las reglas del oficio y los fundamentos del periodismo profesional.

3º.- Eliminar los convenios que actualmente se firman entre las administraciones y/ o empresas públicas y empresas de comunicación con criterios arbitrarios y no sometidos a la normativa legal vigente en materia de publicidad y patrocinio.

4º.- Las ayudas públicas a los medios de comunicación deben otorgarse para un fin cuantificable, que responda a criterios establecidos por Ley: proyectos para la mejora de la producción, mejoras tecnológicas, cualificación del personal, mantenimiento del empleo, salida de una crisis extrema, respetando siempre los criterios citados de transparencia, publicidad y libre concurrencia.

5º.- Los criterios de inserción de publicidad institucional deben regularse, por Ley, atendiendo a criterios de tirada, penetración, difusión, cobertura territorial, situación laboral y financiera de la empresa y con arreglo a los criterios que rigen la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley General de Publicidad y la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, que son incumplidas sistemáticamente por las propias administraciones estatal, autonómicas y locales.

6º.- Denegación de ayudas públicas a medios que inserten publicidad pornográfica, los llamados anuncios de “relax” que han proliferado en los últimos años en la prensa española.

7º.- Creación de un organismos público, autónomo, compuesto por las organizaciones profesionales de periodistas y representantes del sector, editores, publicistas y consumidores, que tenga por finalidad emitir informes vinculantes para la Administración Pública ante posibles denuncias de uso indebido de la publicidad institucional.